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lunes, 16 de noviembre de 2026

Ciudadanía y clase social , T. H. Marshall

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El artículo relee el ensayo de T. H. Marshall (1950) a la luz de las críticas feminista, multicultural y decolonial, y lo contrasta con la experiencia chilena. Se sostiene que la definición marshalliana de ciudadanía como estatus igualitario de los «miembros de pleno derecho de una comunidad» encierra una tensión no resuelta: su universalismo hizo posible la conquista de derechos sociales, pero presupuso una comunidad homogénea —masculina, blanca, asalariada y nacional— que dejó fuera a quienes no encajaban en ella. Se argumenta, de manera deliberadamente polémica, que ni la restauración del universalismo marshalliano ni la ciudadanía diferenciada por grupos resuelven el problema, y que la configuración mercantil de los derechos sociales en Chile vuelve insuficientes a ambas.


1. Marshall: la ciudadanía como estatus frente a la clase

Marshall divide la ciudadanía en tres elementos —civil, político y social— y advierte que esa división la impone «no la lógica, sino la historia» (Marshall y Bottomore, 1998, p. 22). Los derechos civiles se consolidan en el siglo XVIII y se anclan en los tribunales; los políticos, en el XIX, en el parlamento; los sociales, en el XX, en la escuela y los servicios sociales. Su tesis central es que la ciudadanía es «aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad», cuyos titulares son iguales en derechos y obligaciones, mientras la clase es un sistema de desigualdad; por eso, durante el siglo XX, ciudadanía y clase capitalista «se han hecho la guerra» (p. 37-38). Los derechos sociales prometían no solo elevar el piso, sino «remodelar todo el edificio» (p. 52).

Sin embargo, el propio Marshall reconoce que la ciudadanía puede convertirse en «arquitecto de la desigualdad social» (p. 64): la igualdad de estatus es compatible con —y puede legitimar— desigualdades de clase consideradas justas. Esa concesión, a menudo olvidada por sus lectores optimistas, es el punto de partida de la crítica que aquí se propone.

2. La comunidad presupuesta: género, raza y nación

La secuencia marshalliana es inglesa y masculina. El sufragio femenino aparece como un episodio dentro de la reforma de 1918 (Marshall y Bottomore, 1998, p. 31), sin advertir que para las mujeres el orden se invierte: recibieron derechos sociales tutelares antes que derechos civiles plenos sobre su cuerpo, su patrimonio y su trabajo (Walby, 1994; Lister, 1997). Mann (1987) mostró, además, que la vía inglesa fue solo una de varias estrategias de las clases dominantes para incorporar a los trabajadores, lo que desmiente su pretendida naturalidad evolutiva.

Más grave aún es que la «comunidad» se da por supuesta. El mismo Estado que universalizaba el bienestar administraba un imperio cuyos súbditos no eran miembros de pleno derecho. Desde Quijano (2000), la clasificación racial fue el eje de la distribución del trabajo en el capitalismo moderno-colonial; una teoría de la ciudadanía que piensa la clase sin la raza describe solo la mitad del conflicto. La pregunta decisiva no es cuánto se iguala dentro, sino quién define el adentro.

3. Chile: ciudadanía de mercado y ciudadanías incompletas

Chile invierte el argumento de Marshall. Desde 1980, los derechos sociales se organizaron como libertad de elegir entre prestadores —administradoras de pensiones, aseguradoras de salud, subvención escolar a la demanda—, de modo que el estatus no corrige al mercado, sino que lo organiza: la calidad del derecho depende de la capacidad de pago. En términos de Esping-Andersen (1993), se trata de un régimen de baja desmercantilización revestido de lenguaje de derechos. El estallido de 2019 puede leerse como un reclamo marshalliano por derechos sociales universales.

Pero esa demanda universalista convivió con dos exclusiones. Los pueblos indígenas, en particular el pueblo mapuche, siguen sin reconocimiento constitucional tras el rechazo de dos propuestas (2022 y 2023), una de las cuales definía al Estado como plurinacional. Y las personas migrantes ven condicionado su acceso a salud, vivienda o educación por su situación administrativa. La comunidad de «pleno derecho» se reconstruye en la frontera y en el territorio.

4. La alternativa diferenciada y sus riesgos

Young (1989) denunció que el ideal de ciudadanía universal, al exigir que todos hablen desde un punto de vista general, privilegia a los grupos dominantes, y propuso una ciudadanía diferenciada con representación específica de los grupos oprimidos. Kymlicka (1996) sistematizó derechos de autogobierno, poliétnicos y de representación especial. Aquí reside la polémica: institucionalizadas en clave neoliberal, estas fórmulas han producido lo que Hale (2004) llamó el «indio permitido», un reconocimiento cultural que no toca la tierra, el agua ni el poder.

Fraser (1997) formuló el dilema con precisión: los remedios afirmativos de reconocimiento pueden reificar identidades y debilitar la base solidaria de la redistribución. Si cada colectivo negocia por separado su paquete de derechos, el mercado vuelve a ser el árbitro y el estatus común —lo más valioso del legado marshalliano— se fragmenta. Diversidad sin igualdad material es, en este sentido, perfectamente funcional al orden que dice cuestionar.

5. Hacia una ciudadanía intercultural crítica

Walsh (2009) distingue una interculturalidad funcional, que incorpora la diversidad al orden existente, de una interculturalidad crítica, que interroga la matriz colonial que produce la diferencia como desigualdad. Desde esta perspectiva, cabe conservar de Marshall la idea de un estatus que pone límites al mercado; rechazar la comunidad homogénea que presupone; desplazar el criterio de pertenencia desde la nacionalidad hacia la residencia y la contribución; y articular derechos sociales universales, como piso común, con derechos colectivos territoriales entendidos como reparación y no como concesión cultural.

Conclusiones

Primero, Marshall sigue vigente menos por su optimismo que por su advertencia: la igualdad de estatus puede legitimar la desigualdad. Chile lo confirma con una ciudadanía formal amplia y un estatus social mercantilizado. Segundo, las críticas desde la diversidad aciertan al denunciar la comunidad homogénea, pero yerran cuando suponen que el reconocimiento puede sustituir a la redistribución: un multiculturalismo sin desmercantilización resulta compatible con el neoliberalismo y aun útil para él. Tercero, las tres «generaciones» de derechos no son una escalera evolutiva, sino conquistas reversibles y desigualmente distribuidas según género, origen y pertenencia étnica.

Por último, los dos procesos constitucionales fallidos mostraron que ni la agenda plurinacional ni la defensa del orden vigente lograron articular una idea compartida de comunidad política. La pregunta que Marshall no formuló —¿es posible un «nosotros» igualitario que no sea homogéneo?— es hoy la cuestión central de cualquier proyecto democrático de inclusión, y su respuesta no puede venir ni de la nostalgia universalista ni de la fragmentación identitaria.

Referencias

Esping-Andersen, G. (1993). Los tres mundos del Estado del bienestar. Edicions Alfons el Magnànim.

Fraser, N. (1997). Iustitia interrupta: Reflexiones críticas desde la posición «postsocialista». Siglo del Hombre Editores; Universidad de los Andes.

Hale, C. R. (2004). Rethinking indigenous politics in the era of the «indio permitido». NACLA Report on the Americas, 38(2), 16–21.

Kymlicka, W. (1996). Ciudadanía multicultural: Una teoría liberal de los derechos de las minorías. Paidós.

Lister, R. (1997). Citizenship: Feminist perspectives. Macmillan.

Mann, M. (1987). Ruling class strategies and citizenship. Sociology, 21(3), 339–354.

Marshall, T. H., y Bottomore, T. (1998). Ciudadanía y clase social (P. Linares, Trad.). Alianza Editorial. (Trabajo original publicado en 1950 y 1992)

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Comp.), La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales (pp. 201–246). CLACSO.

Walby, S. (1994). Is citizenship gendered? Sociology, 28(2), 379–395.

Walsh, C. (2009). Interculturalidad, Estado, sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época. Universidad Andina Simón Bolívar; Abya-Yala.

Young, I. M. (1989). Polity and group difference: A critique of the ideal of universal citizenship. Ethics, 99(2), 250–274.




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